Introducción
La Constitución es la norma fundamental de un Estado, el pilar sobre el cual se organiza el ordenamiento jurídico y la vida en sociedad. Representa el pacto político y social que establece los principios, valores y derechos que orientan la convivencia, así como los límites y atribuciones de los poderes públicos.
En este sentido, el respeto y la supremacía de la Constitución no son meras exigencias formales, sino condiciones indispensables para garantizar la democracia, el Estado de derecho y la protección de los derechos fundamentales.
El principio de supremacía constitucional
La supremacía constitucional significa que la Constitución se ubica en la cúspide de la jerarquía normativa. Ninguna ley, reglamento, acto administrativo o decisión judicial puede contradecir lo que establece. Todo el ordenamiento jurídico se subordina a ella y su cumplimiento es obligatorio para gobernantes, instituciones y ciudadanos.
Este principio asegura la coherencia del sistema jurídico y evita que el poder político se ejerza de manera arbitraria, pues toda actuación del Estado debe encontrar respaldo en la Constitución.
El respeto a la Constitución
Respetar la Constitución implica cumplir sus disposiciones de manera íntegra, tanto en su parte dogmática (derechos y garantías) como en su parte orgánica (estructura del Estado y distribución de competencias). El respeto constitucional se traduce en:
- La obligación de los poderes públicos de actuar dentro de los límites que les fija la norma suprema.
- La garantía de que los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento de sus derechos frente a cualquier acto contrario a la Constitución.
- La necesidad de que las leyes, políticas públicas y decisiones judiciales sean compatibles con el marco constitucional.
Mecanismos de garantía
Para hacer efectiva la supremacía de la Constitución, los Estados cuentan con mecanismos de control constitucional. Entre ellos destacan:
- El control de constitucionalidad de las leyes, que permite anular aquellas normas que vulneran la Carta Magna.
- El control de los actos de los poderes públicos, para asegurar que ninguna autoridad actúe fuera de sus competencias.
- Las acciones constitucionales de garantías de derechos (como la acción de protección, acción extraordinaria de protección, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública, etc.), que protegen a las personas frente a violaciones de derechos fundamentales.
Importancia en la vida democrática
El respeto y la supremacía de la Constitución fortalecen la seguridad jurídica, la confianza ciudadana y el equilibrio entre poderes. Además, aseguran que los derechos no dependan de la voluntad de los gobernantes, sino que estén protegidos por un marco normativo estable y superior. Cuando la Constitución se respeta, se garantiza que las reglas del juego democrático no puedan alterarse arbitrariamente y que la dignidad de la persona sea el centro de todo orden jurídico.
Conclusión
La Constitución es más que un texto legal: es la expresión de la soberanía popular y el fundamento del Estado de derecho. Su respeto y supremacía no son opciones, sino deberes que aseguran la justicia, la igualdad y la paz social. Solo a través de su plena observancia se logra una verdadera convivencia democrática, en la que el poder se ejerza con legitimidad y los derechos de las personas estén plenamente garantizados. Aborrece al individuo, más al servidor público que ejerce una función y que se sale de los límites del derecho y de la Constitución, como está sucediendo en Ecuador en los tiempos actuales.
